800 familias sufren un “calvario” para obtener su vivienda en el estado Anzoátegui



Según reseña El diario El Tiempo, de acuerdo con una nota de prensa publicada por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), el jefe de Estado, Hugo Chávez Frías, anunció el nacimiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela, con el objetivo de “solucionar el drama de la vivienda, que sólo es posible en colectivo: una unión nacional del sector privado y público, la banca, los trabajadores, los empresarios honestos, los venezolanos y el mundo: Cuba, Irán, China, Belarús, Rusia, Portugal y Brasil”.

Desde entonces, a diario se leen, y se escuchan, notas de prensa referida a las construcción y entrega de inmuebles por parte del gobierno en varios estados.

Sin embargo, en esos anuncios no han sido incluidas 800 familias de la zona norte de Anzoátegui, quienes esperan ansiosos que la promesa de obtener sus vivienda se hagan realidad.

Dichas familias, aseguran estar viviendo un “calvario” para lograr finiquitar el documento de compra-venta de sus respectivos apartamentos, todos ubicados en el municipio Bolívar, y cuyo trámite depende única y exclusivamente, del Servicio Autónomo de Registros y Notarias (Saren) de Barcelona.

Los conjuntos residenciales: Puntarenas, Valle Alto, La Borracha, Lomas del Samán, Terrazas de Guadalupe, La Montaña y Valle Alto, son los nuevos desarrollos privados a los que, desde agosto de 2011, se les paralizó el acto de protocolización y, según los afectados, no se les ha notificado sobre ningún procedemiento administrativo u orden judicial que justifique tal medida.

Se dieron por enterados cuando, “de un día para otro”, dejaron de recibirles los documentos de los inmuebles en el citado registro.

Las obras, ejecutadas con aportes de la banca privada, entre estas una entidad financiera del Gobierno nacional, tenían tiempo en construcción y hay etapas que ya fueron entregadas; de hecho, para cuando se detuvo la formalización de los documentos de compra-venta, según dicen los afectados, en Puntarenas se había protocolizado 50% de los apartamentos (60 unidades unifamiliares) y en La Montaña sólo faltaban siete inmuebles por el trámite.

De acuerdo con la publicación, estos complejos obtuvieron los permisos de construcción de la Alcaldía de Bolívar, así como las factibilidades de los servicios básicos que emiten Hidrocaribe y Corpoelec, es decir, se encuentran aptos para ser habitados.

Todas las torres, de los siete conjuntos residenciales, están vendidas, y las familias que firmaron opción a compra cumplieron con el pago de la inicial. Incluso, hay quienes cuentan con la aprobación del Fondo de Ahorro Habitacional (FAO), Ley de Política Habitacional (LPH) o con el subsidio que otorga la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a sus empleados, para completar el valor de la propiedad privada.

Las familias perjudicadas por esta situación llevan la cuenta del tiempo que han esperado para lograr una solución a su caso. Ocho meses de angustia e incertidumbre, y aunque alegan que mantienen intactas sus esperanzas de tener su casa propia, se les está agotando la paciencia porque no saben a dónde más acudir.

El caso fue llevado por los afectados hasta el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis).

Actualmente es investigado por la Fiscal N° 30 del Ministerio Público con competencia nacional y fue, además, remitido a la dirección general del Ser vicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).

Se conoció que el registrador, Luis Alberto Barrios Mata, remitió el problema a las instancias competentes en búsqueda de una respuesta oficial para no incurrir en algún vicio procesal, y que a su vez solicitó la intervención “con carácter de urgencia” del Registro de Barcelona.

FUENTE: El Tiempo

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